Doctrina


Dictámenes Tomo 239 Página 26

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Gasto público. Reducción. Régimen jurídico. Déficit Cero.
El Banco de la Nación Argentina se encuentra alcanzado por la Ley N° 25.453, por el artículo 34 de la Ley N° 24.156, y por el Decreto N° 957/01, y, por ende, debe ajustarse al sistema de reducción del gasto público allí dispuesto. Ello así, no sólo por ser –obviamente- una entidad descentralizada integrante de la banca oficial, sino porque es una entidad autárquica del Estado. La lógica de la conclusión que antecede surge evidente ni bien se advierte que el bloque de legalidad conformado por la normativa en ciernes fue dictado en el marco de la política del gobierno asumida para paliar la crítica situación por la que atravesaba el gasto público y lograr un equilibrio fiscal, sin que exista argumento alguno que permita, siquiera, vislumbrar la posibilidad de que el Banco de la Nación Argentina pudiera considerarse al margen de dicho contexto.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Gasto público. Reducción. Régimen jurídico. Déficit Cero.
El Banco de la Nación Argentina, como entidad autárquica que es, se encuentra sujeto a la política de equilibrio fiscal que comenzara con el actualmente derogado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 896/01 y siguiera con su similar N° 957/01, con la Ley N° 25.453 y las restantes normas complementarias, luego y, por ende, alcanzado por dichas normas de ejecución. Concordantemente con ello, la propia Carta Orgánica prevé que el Banco coordinará su acción con las políticas económico financieras que establezca el gobierno nacional.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Gasto público. Reducción.
De las normas como la Ley N° 25.453, que sustituyó al artículo 34 de la Ley N° 24.156, del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 957/01, de la Decisión Administrativa N° 107/01, del artículo 8° de la Ley N° 24.156, surge la aplicación del  sistema de reducción del gasto público por ellas establecido a la totalidad del Sector Público Nacional, es decir, a la totalidad de las entidades que lo conforman, centralizadas o descentralizadas; independientemente de la fuente de financiación, y de que tengan un patrimonio propio que les permita autofinanciarse, incluyendo hasta las Universidades Nacionales (las que a partir de la reforma constitucional del año 1994, gozan de un doble régimen de autonomía y autarquía).

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Gasto público. Reducción. Régimen jurídico. Déficit Cero.
Los artículos 1° y 32 de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina en cuanto establecen que no le serán de aplicación las normas dispuestas con carácter general para la organización y funcionamiento de la administración pública nacional, en particular los actos de los cuales resulten limitaciones a la capacidad de obrar, apuntan a la no aplicación al Banco de disposiciones de tipo operativo, es decir, que hagan o alteren el funcionamiento de la entidad, restándose competencias o atribuciones, sin que sea el caso de las normas de reducción del gasto público. Cualquier interpretación contraria encontraría un obstáculo insalvable en el carácter de orden público del artículo 34 de la Ley N° 24.156. Además las limitaciones dispuestas por la Carta orgánica son anteriores en el tiempo, a la Ley de Déficit Cero N° 25.453.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Gasto público. Reducción. Autonomía presupuestaria.
La Ley Complementaria de Presupuesto N° 11.672 (t.o. 1999, según Decreto N° 689/99) al establecer que las instituciones pertenecientes al Sistema Bancario oficial someterán anualmente a aprobación del Poder Ejecutivo Nacional su presupuesto y plan de acción, constituye una manifestación de las facultades de contralor que el Poder Ejecutivo tiene sobre la entidad bancaria –Banco de la Nación Argentina-. De tal suerte que la mentada autonomía presupuestaria se limita a la confección de las cuentas del ejercicio de la institución, encontrándose reservada al Presidente de la Nación la potestad de aprobarlo o no, obviamente en ejercicio de su carácter de Jefe Supremo de la Nación y del Gobierno (art. 99, inc. 1° de la Constitución Nacional).

ENTIDADES AUTÁRQUICAS. Control.
El contralor administrativo sobre las entidades autárquicas es aquel que realiza un órgano de la Administración activa (Central) respecto del comportamiento positivo o negativo de una entidad autárquica o de un agente suyo, con el fin de establecer si se conforma o no con las normas y principio que lo regulan. Y es el ejercicio de dichas facultades lo que habilitaría al Poder Ejecutivo a exigir a las instituciones bancarias las readecuaciones presupuestarias necesarias a fin de que su presupuesto se ajuste a la política asumida en la materia.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Autonomía presupuestaria. Autonomía administrativa.
La autonomía presupuestaria y administrativa reconocida al Banco de la Nación Argentina, por el artículo 1° de la Carta Orgánica (texto según Ley N° 25.299), no le quita el carácter de entidad autárquica (por ende, descentralizada) a dicho Banco, ni altera su pertenencia al Sector Público Nacional. 

ENTIDADES AUTÁRQUICAS. Características.
La autarquía es la más clásica de las formas de descentralización administrativa, que implica el desprendimiento de una actividad del Estado al tronco común y, para atenderla, se constituye una entidad separada, con ley, autoridades, poderes y responsabilidad propias, pero unidas, sin embargo a la administración central, por vínculos más o menos fuertes, directos o indirectos, por lo que el Estado es responsable y beneficiario final de todo lo que se realiza. Es por tal motivo, que las entidades autárquicas se encuentran sujetas a las políticas generales que, en materia de administración, dicte el Presidente de la Nación, habida cuenta que la descentralización que implica la creación de una entidad autárquica es –junto con la centralización- una de las formas de hacer efectiva la actividad de la Administración Pública.

ENTIDADES AUTÁRQUICAS. Características.
El concepto de autarquía no encierra la noción de independencia absoluta del ente frente al poder administrador central, limitación que importa la sujeción del organismo, en el grado pertinente, a las medidas dispuestas por el poder central. El vínculo de subordinación se mantiene por cuanto las entidades autárquicas integran la Administración Pública, de manera tal que están obligadas a respetar los lineamientos y principios de conducta y política administrativa generales que se fijen para la administración en su conjunto, con alcance para todas las ramas de ésta.


Expte. N° 010-000549/01. Ministerio de Economía; 3 de octubre de 2001. (Dictámenes 239:26).