Texto Completo - Informe de Sumarios


                                       Expediente Nº 382.232/95
                                      Ministerio del Interior

///ÑOR PROCURADOR:

I. Estas actuaciones son remitidas por el señor Subsecretario de Coordinación  del Ministerio de Interior  pues  considera  que conforme lo dispuesto en el artículo 7º del Reglamento de Investigaciones aprobado por Decreto Nº 467/99, corresponde que tome intervención la Dirección Nacional de Sumarios, ello en virtud de las anomalías advertidas y teniendo en cuenta el dictamen producido a fs. 304/310 por la Dirección de Asuntos Jurídicos, cuyos términos comparte. (fs. 311).
    II. 1. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior se expide, a fojas 304/310, ante la consulta del Señor Subsecretario de Coordinación providencia Nº  57/2000 (fs. 296/297).
     En dicha providencia Nº 57, del 11 de enero de 2000, el señor Subsecretario formuló las siguientes observaciones:
   
  a) ha transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 127 del Reglamento de Investigaciones Administrativas (texto según decreto 467/99) sin que exista causa alguna que justifique dicha demora, haciendo peligrar dicha demora la efectividad del ejercicio por parte de la Administración de su potestad disciplinaria, tal como surge de lo expresado por el área responsable de la instrucción del sumario a fs. 291.
      b) se ha remitido –de oficio- sin que exista petición fundada alguna que lo justifique y en violación a la normativa vigente las presentes actuaciones a la Subsecretaría de Administración lo cual provocó la virtual paralización del sumario por el término de casi un año y medio tal como surge de fs. 290 (providencia de fecha 29/7/98) y fs. 290 vta. (constancia de recepción en Sumarios con fecha 9/12/99). En relación a ello debe destacarse que no existe constancia alguna  en el expediente de recepción de las actuaciones por la entonces Subsecretaría de Administración.
   
  c) se observan actuaciones manifiestamente inconducentes a los fines  de la investigación de los hechos acaecidos como los que surgen vgr. de fs. 285, o las dirigidas a investigar los antecedentes de la Resolución Ministerial 1219/95 (fs. 251, 252, 254, 263, 266, 274, 283, etc.).
   
  d) prima facie esta Subsecretaría entiende que existe mérito suficiente para la citación de los presuntos responsables de los hechos investigados en los términos del artículo 61 del decreto 467/99 aplicable en la especie por imperio de lo dispuesto su artículo 133. (fs. 296)
   
   En atención  a dichas observaciones el señor Subsecretario de Coordinación  requirió se le instruyese  respecto de los siguientes puntos:
   
   a) sobre las acciones que este Ministerio debería adoptar a los fines del recupero de los fondos indebidamente percibidos.
   
   b) sobre las “medidas conducentes” que esta dependencia debiera adoptar en los términos del artículo 127 tercer párrafo del Reglamento de Investigaciones Administrativas atento el incumplimiento del plazo previsto en dicha norma.
   
   c) sobre otras acciones o medidas que el suscripto debiera adoptar en razón de las demás observaciones que se han formulado precedentemente(fs. 296/297).
     De los tres puntos que fueron objeto de consulta  sólo dos guardan relación con el envió del expediente a la Procuración del Tesoro.
   
   2.  En el dictamen de la asesoría jurídica luego de analizar el contenido del artículo 127 del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99, se concluye que en el sumario que nos ocupa, la demora incurrida por la instrucción permite advertir una serie de anomalías que a criterio de este servicio jurídico justifican la iniciación de un sumario administrativo, a fin de deslindar la responsabilidad de quienes podrían encontrarse involucrados en los hechos (fs. 307).
     Sin embargo, en dicho párrafo “ni la demora” ni  la “ serie de anomalías” se han indicado.
     Se realiza esta salvedad  pues el artículo 45 del  Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99 impone que la orden de sumario deberá indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del hecho u omisión de investigación, y así lo había señalado este organismo asesor (Dictámenes  197:148, 198:14), en virtud de que la actividad del instructor en un sumario administrativo disciplinario se debe circunscribir a esclarecer el hecho o hechos cuya investigación dispuso la autoridad competente (Dictámenes 197:25; 212:104, Dictamen Nº 19/2000, entre otros).
     Por consiguiente, tal descripción  se tendrá que realizar cuando se ordene el sumario (arts. 44 y 45 del Reglamento citado).
     Sobre este aspecto es oportuno formular algunas apreciaciones:
   
   a) El sumario administrativo disciplinario tiene por finalidad esclarecer “un hecho, acción u omisión” del cual puede derivar responsabilidad disciplinaria (arts. 3, 42 y 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99).
   
   En la sustanciación del sumario se pueden distinguir dos etapas, una la de investigación que se inicia con la orden de sumario (art. 45) y finaliza con la clausura prevista por el artículo 107, y la segunda que tiene lugar, en la medida en que hubiera sumariados, confiriendo vista del informe previsto por el artículo 108, para que formule su descargo, ofrezca prueba,  y , en su caso, alege sobre su mérito (arts. 111, 113, y 117 del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99).
   
   En este procedimiento administrativo disciplinario el instructor tiene como función la de  investigar los hechos; emite opinión sobre su existencia y formula, en atención a los resultados de aquella tarea, sus conclusiones solicitando la imposición de sanción, si es el caso, o la exención de responsabilidad (Dictámenes 130:238; 224:215, entre otros).
   
   En la etapa de investigación el instructor efectúa una tarea insoslayable para el desarrollo del sumario disciplinario, pues su realización le va a permitir  emitir opinión sobre la existencia o inexistencia de una falta disciplinaria y de los eventuales responsables.
   
   Por esta razón, igual situación ocurre en el proceso penal, el  plazo procesal (o procedimental), para cumplir una actividad indispensable como la instructoria (de investigación) solo puede ser meramente ordenatorio  y no perentorio, con lo cual su vencimiento  (o inobservancia) no determina la caducidad o extinción del deber o de la facultad  no cubiertos en tiempo útil o no ejercitada (cfr. D’Albora, Franciso “Código Procesal Penal de la Nación- Ley 23.984”, págs. 251 y 371, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999).
   
   Por dicho motivo, se trata de un plazo prorrogable expresa o tácitamente, de ahí que esta  establecido  que podrá ser ampliado (art. 93 del Reglamento de Investigaciones aprobado por Decreto Nº 1798/80, y art. 127 del Reglamento actual).
   
   No obstante, para evitar la desidia  o inercia del sumariante  se ha previsto que cuando la demora fuera injustificada, el superior deberá tomar las medidas conducentes para establecer la responsabilidad del instructor”(cfr. ambos artículos, 93 y 127).
   
   De allí que el Reglamento de Investigaciones Administrativas  ha fijado plazos para que el  instructor  dicte las providencias  mediante las cuales dispone la realización de las medidas de pruebas y las distintas diligencias para esclarecer el hecho y oír a las personas como simple imputados o sumariados (art. 10 incisos a y d y  27 del Reglamento  actual y art.6 inc. c y d del Reglamento aprobado por Decreto 1798/80).
   
   Por tanto con un criterio prudencial, en cada caso se tiene que apreciar cuando la inactividad resulta censurable, por eso en esa ponderación no se computan las demoras causadas por el diligenciamiento de oficios, realización de pericias u otros trámites, cuya duración no dependa de la actividad del instructor (art. 127 del Reglamento de Investigaciones aprobado por Decreto Nº 467/99).
   
   En ese examen no se puede dejar de lado que durante la etapa de investigación  el instructor goza de una amplia discrecionalidad para determinar las medidas perquisitivas o diligencias  que deben cumplirse para el dilucidar el hecho o hechos, como el decidir el carácter de quienes  serán convocados, además de los testigos,  a declarar como sumariados o como simples imputados (cfr. arts. 10 incisos a y d, 15, 46, primer párrafo, 61, 62, 69, 107 y concordantes del Reglamento de Investigaciones Adminis-trativas aprobado por Decreto Nº 467/99; arts. 6 inc. a y d, 11,  28,  40, 45, 82 y concordantes del Reglamento de Investigaciones aprobado por Decreto Nº 1798/80).
   
   Por eso, se coincide con la opinión vertida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, cuando respecto a la observación de actuaciones manifiestamente inconducentes y a la existencia de elementos suficiente para citar a prestar declaración indagatoria a presuntos responsables por los hechos investigados  (fs. 308), la asesoría jurídica señala que tanto la apreciación de las medidas investigativas adoptadas durante la sustanciación del sumario, como la valoración de los elementos probatorios colectados para decidir el llamado a prestar declaración indagatoria, en principio, se encuentran dentro de las amplias facultades discrecionales del instructor sumariante a quien se le ha impuesto el deber de dirigir el procedimiento dentro de los límites impuestos por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, para lo cual gozan de independencia funcional (cfr. art. 6, inc. e y 11 del Reglamento de Investigaciones; art. 10, inc. d, y 15 del actual Reglamento de Investigaciones Administrativas). (fs. 308/309).
   
   De tal modo que una demora sería injustificada  cuando en el desarrollo del trámite se advierta un tiempo prolongado en el cual, no se realizó alguna actividad.
   
   b) Cuando la asesoría jurídica, a fojas 307,  propone la iniciación de sumario administrativo, menciona la demora incurrida por la instrucción, pero en ese párrafo no la individualiza, solo expresa una serie de anomalías.
   
   No obstante, se puede inferir que se hace referencia  a la situación surgida con el envío del sumario disciplinario al señor Subsecretario de Administración por nota del 29 de julio de 1998 (fs. 290), el que recién fuera  devuelto por el señor Subsecretario de Administración el 1 de diciembre de 1999, a tenor de la  providencia por el suscripta:“Pase a la Dir. de Sumarios para la prosecución del trámite” (fs. 291vta.).
   
  Abonaría esta conclusión la circunstancia que, a fojas 309, se expresa: “la remisión injustificada de lo actuado a la entonces Subsecretaría de Administración y su paralización por mas de un año, se juzga que no puede ser dejado de lado de lo oportunamente vertido al contestar el segundo punto sometido a consulta, esto es, la demora injustificada en la tramitación del sumario observada por el señor Subsecretario de Coordinación”
   
   La compulsa del expediente a la luz de lo expuesto en el acápite a), no permite advertir cuál podría ser, salvo la remisión injustificada…a la entonces Subsecretaría de Administración y su paralización por un año (fs. 309), alguna otra demora injustificada (fs. 309) o demora incurrida (fs. 307).
   
   c) En este sumario por Disposición Nº 607/96, el entonces señor Subsecretario de Administración designó como instructora sumariante  a la Directora  de Sumarios (fs. 67; v. fs. 68).
   
   Cuando en un sumario el instructor es el titular de la Oficina de Sumarios  se da la situación que este organismo asesor señaló en Dictámenes  224:215, cuando regía el Reglamento de Investigaciones  aprobado por Decreto Nº 1798/80; tal situación se mantiene con el dictado del nuevo Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99.
     En esa oportunidad se señaló que para el supuesto en que el titular de dicha oficina actúe como instructor, sus funciones que precedentemente se han detallado corresponde que las ejerza su superior, por lo que resulta razonable que la Oficina de Sumarios, según la denominación del Reglamento de Investigaciones, a cargo de un funcionario letrado, no  dependa  directamente de la máxima autoridad (Dictámenes 224:215). También se indicó cuáles eran las actividades que podrían llegar a afrontar (arts. 16, 17, 86, 90 y 93 del Reglamento de Investigaciones aprobado por Decreto Nº 1798/80).
      De tal modo que el señor Subsecretario de Administración (fs. 67) resultó ser el Superior del instructor en el sumario administrativo ordenado a fojas 65/66.
   
   Esta circunstancia, impone que corresponda analizar con cautela la remisión del expediente al Superior, pues no obstante lo indicado a fojas 296 –de oficio-, la nota de elevación señala siguiendo las instrucciones que expresamente usted me impartiera (fs. 290).
   
  Además, aún cuando se sostenga, a fojas 296,  que debe destacarse que no existe tampoco constancia alguna en el expediente de recepción de las actuaciones por la entonces Subsecretaría de Administración, en el sumario obra la providencia firmada por el Subsecretario de Administración que pasa las actuaciones a la Dirección de Sumarios para la prosecución del trámite (fs. 290vta.).
    Por otra parte, una vez recepcionado el expediente en la Dirección de Sumarios, la instructora al tercer día solicitó una consulta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, lo cual demuestra la sumariante instó el procedimiento. Lo expuesto, sin perjuicio de puntualizar que la eventual solicitud por parte del instructor de sanciones, aún cuando la acción se hallase prescripta, no trae aparejada ninguna nulidad del procedimiento, ya que el instructor sólo aconseja -su opinión no es vinculante (Dictámenes 140:133; 151:590; 152:262; 169:444; 218:309, entre otros)-, y el pronunciamiento sobre si se encuentra o no prescripta la acción disciplinaria debe deferirse para el momento del dictado del acto conclusivo del sumario por la autoridad competente (art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99).
   
  De lo expuesto, se desprende que el tiempo de inactividad aparece como ajeno a la instructora pues el sumario se elevó en julio de 1998 y el señor Subsecretario de Administración lo devolvió en diciembre de 1999 (fs. 290/vta.).
   
No cabe duda que está ante una situación  que derivó en excepcional,  pues ante el pedido del Superior, el instructor  sólo puede remitir las actuaciones, pero lo particular o excepciones es que el Superior retuviese el expediente de julio de 1998 a diciembre de 1999 (v. fs. 290 y vta.). Además, en el caso, no puede obviarse  que la actividad de la instructora fue continúa, conforme surge de la compulsa de las actuaciones, hasta el momento en que tuvo  que elevar el expediente.
   
Esta circunstancia apuntada, sobre la cual se podrá discrepar, tendría que ser ponderada  en la sede de origen si se decide ordenar un sumario ante una presunta demora en la tramitación  del sumario por parte de la instructora.
   
3. La situación suscitada con motivo de que el señor Subsecretario de Administración solicitara y luego mantuviera en su poder un sumario disciplinario en el período comprendido entre julio de 1998 y  diciembre de 1999 (fs. 290/vta.) también fue ponderada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su dictamen de fojas 304/310.
   
   En dicha pieza, luego de la cita de Dictámenes 208:168, propone que la cuestión en estudio puede dar lugar a posturas opuestas, siendo así, de estimarlo necesario el señor Subsecretario de Coordinación, podría requerir el parecer de la Procuración del Tesoro de la Nación para dilucidar la cuestión en debate (fs. 310). 
   
  Cuando se trata de un Subsecretario este organismo ha señalado que tal tipo de funcionarios por no hallarse comprendido en el Régimen Jurídico Básico de la Función Publica aprobado por la Ley N° 22.140 (art. 2 inc. a; cfr. art. 3 inc. a, de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, aprobado por el art. 1º de la ley 25.164), no gozan de estabilidad y la única sanción disciplinaria de la cual pueden ser pasibles es su remoción (Dictámenes 221:102, entre otros).
     En el orden disciplinario, tal exclusión, como se dijera en Dictámenes 221:102, genera consecuencias de trascendencia en la especie, pues la ausencia de norma previa que establezca una sanción disciplinaria específica, obliga a concluir que cualquiera que se impusiere a aquellos funcionarios -salvo su remoción- resultaría violatorio del principio de legalidad de las penas consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional (Dictámenes 139-337, punto séptimo; 162-206; 192-96, entre otros). La circunstancia apuntada impide que puedan ser sometidos a una investigación en los términos del capítulo VI del régimen aprobado por la ley 22.140 (Dictámenes 179-73; 192-82 y 193-180, entre otros).
     No obstante ello, cabe recordar que esta Procuración del Tesoro ha opinado que, como excepción, el Poder Ejecutivo Nacional puede ordenar la pesquisa para la averiguación de hechos irregulares atribuidos a tal calidad de funcionarios, cuando así lo entendiera pertinente (Dictámenes 169:377, 172:359, 192:98, 199:31, 211, 2da parte, 453, 221:102, entre otros).
     En dicho supuesto, la intervención de la Dirección Nacional de Sumarios e Investigaciones Administrativas procede si así lo dispone el Presidente de la Nación pues conforme el artículo 7° del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99, el  Poder Ejecutivo Nacional tiene la facultad de que en los sumarios administrativos disciplinarios cuya instrucción dispusiera hechos endilgables a agentes comprendidos por un régimen disciplinario, la investigación pueda llevarla a cabo la Dirección Nacional de Sumarios  (Dictámenes 231: 29, 41, y 170).
     Por lo tanto, en la sede de origen se tendrá que decidir el temperamento a seguir sobre tal episodio.
     4. En el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos se argumenta de que “en caso que la autoridad administrativa competente juzgue necesaria la adopción de determinada medida durante el transcurso de la investigación no se advierte obstáculo a que ella puede serle indicada a quien tiene a su cargo la instrucción del sumario”.
      Sobre dicho criterio corresponde realizar algunas precisiones, en orden a la posibilidad del ejercicio de las facultades que allí se indican:
     a) Durante la sustanciación del sumario administrativo disciplinario, tanto en el Reglamento de Investigaciones aprobado por Decreto Nº 1798/80, como en el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99, se preserva la independencia del instructor con la creación de un Oficina de Sumarios, sino que además los Instructores ad hoc para cumplir esa tarea dependen directamente de la autoridad superior de la Oficina de sumarios (arts. 2, 4,  11 y 94 del Reglamento de Investigaciones; arts. 6, 15, 18, 19 y 128 del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99).
     b) En la etapa de investigación, el Superior del instructor, luego de designar al instructor, interviene en los supuestos previstos (arts. 16, 17, 93, y 95 del Reglamento de Investigaciones aprobado por Decreto Nº 1798/80 y arts. 24, 25, 127 y 130 del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99).
     En esa etapa, el jefe de la Oficina de Sumarios –Superior del Instructor- puede realizar una tarea de supervisión y registro de las actuaciones conforme el art. 128 del nuevo Reglamento (art. 94 del reglamento anterior); pero esa supervisión, importa supervisar que significa ejercer una inspección del trabajo realizado por otro, e inspección, significa o examinar o el cuidado de velar por una cosa (Diccionario de la Lengua Española -vigésima primera edición- 1992).
     Ese examen tiende a evitar demoras en el trámite (art. 127 del Reglamento actual; art. 93  del anterior), pero no prevé el Reglamento de Investigaciones Administrativas algún otro tipo de indicación.
     c) En la segunda etapa  cuya apertura se produce luego de la requisitoria si hubo algún sumariado (arts.  108, 111 y ccdtes del Reglamento de Investigaciones aprobado por Decreto Nº 467/99 y arts. 83, 85 y ccdtes. del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1798/80), además de la intervención que tiene el Superior si se recurre la denegatoria de diligencia de prueba (art. 113, segundo párrafo del Reglamento actual; art. 86, segundo párrafo del anterior), está prevista la posibilidad de que el Superior efectúe observaciones (art. 118, primer párrafo del Reglamento actual; art. 90 del anterior).
     Con relación al artículo 90 del Reglamento de Investigaciones aprobado por Decreto Nº 1798/80, cuyo texto decía, “…las devolverá al Instructor con las observaciones del caso, fijando un plazo no mayor de diez (10) para su diligenciamiento y nueva elevación” (similar redacción prevé el art. 118 del actual reglamento), esta Procuración expresó: En esta hipótesis, las actuaciones se giran al instructor para que lleve a cabo una actividad procesal determinada, ya sea realizar una medida probatoria o alguna otra diligencia –advertir la existencia de un acto defectuoso que origine una nulidad; la referencia, en dicha disposición, a diligenciamiento indica trámite a cumplir (Dictámenes 218:309).
     También se señaló que puede ocurrir que el superior, en esa tarea de supervisión, se limite exclusivamente a valorar la prueba incorporada –analice el hecho, la autoría, la calificación jurídica y la imposición o no de sanción- y emita su opinión, que podrá o no coincidir con la vertida por el instructor; si el superior no comparte las conclusiones, su facultad se limita a exponer  su criterio sin que ello le permita modificar las conclusiones del instructor (Dictámenes 218:309). Como se recordó en esa oportunidad ninguna de las opiniones son vinculantes para el órgano decisor.
     En esta etapa del sumario disciplinario las observaciones del Superior, solo pueden referirse a alguna diligencia que el instructor deberá realizar.
     Se debe descartar, entre esas posibles diligencias, la solicitud  de vincular como sumariado a un agente, pues esa actividad importa un trámite que excede ampliamente el de diez días, por lo que no se puede considerar incluida esa vinculación en las observaciones del caso (cfr. art. 90 ó art. 118).
     En efecto, de admitirse esa hipótesis las actuaciones deben volver a la etapa de investigación, para oír al agente como sumariado (art. 40, primer, párrafo; Dictámenes 193:127), si no concurre a la primer citación debe ordenarse una nueva audiencia (art. 42), agréguese una eventual evacuación de citas (art. 45), para luego producir la requisitoria (art. 83) y correr la vista para el descargo y eventual prueba (art. 85 y siguientes del Reglamento de Investigaciones aprobado por Decreto Nº 1798/80; igual situación ocurre con el actual Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99, cfr. arts. 61, 63, 69, 108, 111 y sgts.). El llamado a prestar declaración como sumariado es una forma esencial del procedimiento y su omisión afecta a los actos que tienen a esa vinculación como presupuesto: la requisitoria, el descargo y la resolución conclusiva (v. Dictámenes 168:2; 193:127, entre otros). También es un trámite esencial o forma sustancial del procedimiento la vista que permite, ante la requisitoria, proveer a su defensa y ofrecer prueba (Dictámenes 198:11).
     d) La circunstancia que el titular de la Oficina de Sumarios se desempeñe como sumariante  no modifica en nada lo expuesto, y en ese caso el superior del titular de la oficina tendrá que actuar conforme se indicara en Dictámenes 224:215).
     e) Concluida la etapa prevista en el artículo 90 del Reglamento de Investigaciones aprobado por Decreto Nº 1798/80, en el nuevo Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99, el artículo 118, en su primer párrafo, reproduce su texto, este organismo ha señalado que superada la etapa prevista en el art. 90 del Reglamento de Investigaciones, corresponde que la autoridad competente dicte resolución. Dicha actividad deberá ser ejercida con el previo asesoramiento de esa Dirección y así podrá evaluar si se dan circunstancias especialísimas para reabrir el sumario, ya sea porque en el procedimiento se incurrió en alguna nulidad absoluta o para lograr un investigación integral de los hechos objeto de la pesquisa que no hubieran sido debidamente examinados, y ponderando en cada caso si esa reapertura afecta el principio de progresividad y preclusión, según el cual si hubo un procedimiento disciplinario cumplido regularmente deviene improcedente cualquier intento de retrotraer el trámite a etapas superadas (Dictámenes 198:180).
     Por eso, una interpretación razonable del ejercicio de la potestad disciplinaria permite sostener que, recibido el expediente por la autoridad  competente para dictar el acto conclusivo del sumario administrativo disciplinario, después del dictamen del servicio jurídico permanente (art. 122 del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99; art. 91 del anterior Reglamento), exclusivamente dicha autoridad, en ese momento, puede disponer que el instructor convoque a un agente como sumariado, pues de lo contrario podría darse el absurdo que prevalezca la autoridad del instructor sobre aquélla (v. D’Albora, Francisco J., “La Procuración del Tesoro y el procedimiento administrativo disciplinario”, revista de la Procuración del Tesoro, nº 19, año 1992, pág. 28).
     De ese modo se preserva la independencia del instructor desde el inicio del sumario (art. 15 del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99, y art. 11 del reglamento anterior), ya que es facultad privativa del sumariante determinar a quien convoca como sumariado, sin perjuicio de que al momento de tener que dictar el acto conclusivo la autoridad competente pueda considerar, ante las probanzas colectadas, que algún otro agente, sea convocado como sumariado y así disponerlo.
     En este supuesto, las actuaciones deben volver al instructor para que legitime pasivamente al agente, se realicen las diligencias de investigación que corresponda, formule la requisitoria, donde el sumariante puede emitir libremente su opinión, ya que ella no es vinculante para quien decide (Dictámenes 152:262; 169:444; 198:11; 218:309), correr vista para que provea a su defensa y ofrezca prueba, y, en su caso, pueda alegar sobre la producida (arts. 61, 108, 111, 117 y ccdtes del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 467/99). Una vez cumplidos eso pasos se podrá resolver sobre la situación del sumariado.

III. Por las consideraciones que anteceden y de compartirse ellas opino que:
    a) Se remita este expediente a la sede de origen para que prosiga el trámite del sumario ordenado por Disposición Nº 576/96 (fs.  65/66) que se encuentra en plena etapa de investigación, y su sustanciación corresponde que continúe en el Ministerio del Interior.
   
   b) Con relación a una posible demora en la tramitación del sumario por parte de la instructora, se tendrán que ponderar  las razones vertidas en el capítulo II, punto 2, acápites a y b, del presente informe; para el supuesto que se dispusiera un sumario, corresponderá extraer fotocopias autenticadas de las partes pertinentes del expediente nº 382.232/95, pues se trámite resulta independiente del sumario ordenado por Disposición Nº 576/96.
   
   c) En cuanto a la situación originada por la actuación del entonces Subsecretario de Administración, en la sede de origen se tendrá que decidir el temperamento a seguir atento lo señalado en el capítulo II, punto 3, y, en su caso, extraer fotocopias autenticadas del expediente nº 382.232/95, por tratarse de un hecho independiente al investigado en dicho sumario.

DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS e INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

Tomo 232 página 210

 

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